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Primero fue el Estado de Dakota del Sur y luego le siguieron Mississippi  y Missouri. Parece que el movimiento autodenominado “pro-choice”  pasa por horas bajas, a pesar de las dudas y tibiezas al respecto del presidente Bush, que ya mostró sus reticencias a la ley firmada en Dakota. 

Lo cierto es que no es una ley que goce de un clamoroso respaldo social, si bien se podría decir, datos en mano, que el rechazo del aborto es superior al de muchos países europeos. Según un reciente estudio, los ciudadanos del Estado de Dakota del sur apoyan en un 45% la medida (el mismo porcentaje que lo rechaza), pero un 60% cree que, en la mayoría de los casos, el aborto es un mal moral. 

Este drama humano del aborto, por las implicaciones jurídicas, sociales, económicas, morales, políticas, psicológicas y físicas, no es un tema, hay que admitirlo, fácil. Aunque no lo es tanto como para eludir que su despenalización es un grave error que hay que combatir con la fuerza de la razón y la palabra. Estas implicaciones hacen posible que se pueda y deba abordar la cuestión desde muchos puntos de vista. Hoy lo haré de modo general, con un poco de todo.  

Por ejemplo, de todos es sabido que la puerta que abrió la posibilidad del aborto fue la famosa sentencia “Roe Vs. Wade”, en los años 70, en que una muchacha decía haber sido violada, lo que supuestamente motivaría y justificaría un aborto. Efectivamente, el fallo de la sentencia se proclamó a favor de aquella posición, una postura abortista apoyada por personalidades como George W. Bush.  

Este argumento de la violación fue una de las razones admitidas en España por la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de abril de 1985, en la que se debatía la constitucionalidad de los supuestos despenalizadores del aborto que preveía la modificación del artículo 417 del Código Penal. Así, se dijo: “19. En cuanto a la indicación de que el embarazo sea consecuencia de un delito de violación y siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas(...). Obligarla (a la madre) a soportar las consecuencias de un acto de tal naturaleza es manifiestamente inexigible, por lo que la mencionada indicación no puede estimarse contraria a la Constitución.”

Es indudable que no sólo ésta sino otras muchas alrededor del mundo toman como base la argumentación de la citada sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos (enero de 1973). Lo que la gente no parece saber es que Norma McCorvey, la muchacha supuestamente violada declaró, 17 años más tarde, que ella en verdad no había sido violada y que el padre de su hijo era una persona a la que ella conocía.
 
Pero es que aun en el caso de que hubiera sido cierto, y que se plantee esta problemática, los datos hablan por sí mismos.

Por un lado, el porcentaje de embarazos producto de una violación son insignificantes. Un estudio del Hospital San Pablo de Minneapolis (EEUU) reveló que de 3.500 violaciones tratadas allí en 10 años, no se registró ningún embarazo, mientras que en otro, de 1290 víctimas de violación, sólo un 0,6% de ellos tuvo como consecuencia un embarazo.
 
Aún así, prescindamos de estos datos, y admitamos la realidad de que existen embarazos producidos por violación. ¿Lo es en proporción como para justificar una ley contraria a un valor supremo del ordenamiento jurídico, como lo es la protección de la vida?. Para muchos el embarazo por violación es un caso tan extremo y dramático que exige esta excepción para que se admita y deje de ser punible. ¿El resultado? Pues que según datos de 2002, de todos los abortos realizados en España, un 0,03% alegaron esta causa.
 
Por tanto, parece evidente que, una vez más, la admisión de un supuesto excepcional a un principio o bien que la ley protege acaba por cercenarlo por completo. Así ocurrió en los comienzos del divorcio y así está ocurriendo con la eutanasia.
 
Otro motivo muy argumentado, y por el que se produce el 96,8% de los abortos en España, es el del grave peligro para la salud de la madre. Nuevamente, se trata de un caso de grave desinformación y de pasividad de las autoridades públicas con respecto a estas madres, que merecen más atención y protección. Posiblemente si se informara debidamente las cifras serían otras, y sobretodo no se habría admitido este falaz supuesto. Y es falaz porque parece ser que con el aborto se cumple aquello de que es peor el remedio que la enfermedad. Como muestra, un estudio financiado por el gobierno de Finlandia, que confirmó que las mujeres que se someten a un aborto corren cuatro veces más el riesgo de morir que las que continúan su embarazo y dan a luz. Por su parte, como informa el portal encuentra.com “la Dra. Maria Simon, psicóloga en la Clínica Ginecológica Universitaria de Würzburg (Alemania), ha realizado un estudio de las consecuencias psíquicas del aborto. La propia autora expone los resultados de esta investigación. Señala que tras un aborto se acumulan las siguientes consecuencias psíquicas: sentimientos de remordimiento y de culpa, oscilaciones de ánimo y depresiones, llanto inmotivado, estados de miedo y pesadillas. Frecuentemente estos fenómenos van acompañados de perturbaciones físicas, como alteraciones del ritmo cardiaco o de la tensión arterial, migraña, trastornos del aparato digestivo o calambres en el vientre. Inmediatamente tras el aborto y bastante tiempo después, las pesadillas tienen como tema niños pequeños muertos.”
 
Queda patente que es precisamente por la salud de la madre que se debería prohibir esta nefasta práctica.
 
En resumen, todo un despropósito con dramáticas consecuencias: más de 80.000 niños abortados en 2002 y con tendencia creciente. ¿Ha solucionado algo el aborto? Rotundamente no.
 
Si alguien quisiera implantar una política progresista en esta materia, lo último sería volver a esta criminal práctica que data desde mucho antes de nuestra Era. Lo que de verdad hace progresar a la humanidad, como nos recordaba en 2001 el expresidente de la República federal de Alemania, es la escala humana. La protección radical de la vida, desde su concepción a su muerte natural, es condición indispensable de un ordenamiento democrático justo. Una verdadera política innovadora sería aquella que protegiera estas madres y les ayudara para poder sacar adelante este don tan preciado de la vida, base y fundamento de todos los demás Derechos Humanos.